
Guía sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal
Ser reconocido como víctima de un delito en Colombia abre la puerta a un conjunto
Para gerentes, accionistas y contratistas del Estado bajo investigación, y para compañías que deben denunciar un fraude y actuar como víctimas.


La Fiscalía pide una entrevista o un interrogatorio sobre transferencias, contratos o cuentas, y lo declarado queda en la carpeta de la investigación.
Un embargo o una suspensión del poder dispositivo sobre inmuebles, vehículos o cuentas puede anunciar una acción de extinción de dominio.

Un informe de la Contraloría o de la Procuraduría sobre la ejecución de un contrato público puede terminar en una denuncia penal.

Un faltante en tesorería, una transferencia desviada o un acceso no autorizado a las cuentas obligan a preservar la evidencia antes de denunciar.

El abogado penal económico estudia la prueba con la que la Fiscalía construye estos casos: extractos, contratos, facturas, correos y peritajes contables.
Sobre esos documentos se arma la defensa del investigado o la denuncia de la empresa afectada, y se decide en qué audiencia conviene discutir cada punto.
Defensa del señalado o representación de la empresa cuyo patrimonio se afectó.
Oposición a la acción sobre bienes señalados de origen ilícito, con prueba propia ante jueces especializados.
Defensa de directivos y representantes legales cuando una actividad productiva se investiga por contaminación o daño ambiental.
Defensa de servidores públicos y contratistas del Estado en investigaciones por recursos públicos o pagos indebidos.
Acceso abusivo a sistemas, hurto por medios informáticos y suplantación de sitios web, para el investigado o la víctima.
Defensa cuando la Fiscalía cuestiona el origen de bienes o ingresos y su relación con otra conducta.
En la primera reunión, presencial o virtual, se reconstruye qué decidió la entidad, cuándo se lo notificó y qué documentos lo soportan.
Con las fechas a la vista se revisa si el término para recurrir o demandar sigue abierto y qué vía tiene sentido en su caso.
Los socios fijan el planteamiento: qué se pide, con qué pruebas y ante qué autoridad, y se lo explican sin tecnicismos.
En una segunda reunión recibe la estrategia y el valor del acompañamiento; si está de acuerdo, se firman el contrato y el poder.

La teoría del caso la definen los socios directores y no se delega en un asociado, aunque el expediente sea extenso. Las reuniones para revisar extractos, contratos o una nueva citación no se cobran por hora ni por separado.
Si la investigación deja ver fallas de control interno, la firma revisa contratos y procedimientos para reducir el riesgo jurídico de la empresa.
Jorge Eduardo Buitrago se especializó en Derecho Penal y Cumplimiento Corporativo en la Universidad del Rosario, y su práctica se concentra en delitos financieros y afectaciones al patrimonio. Maicol Coy, también especialista en Derecho Penal del Rosario, lleva al caso su formación en litigación oral y contrainterrogatorio.
Un equipo de investigadores recauda y verifica la prueba de la defensa. Si la empresa afectada necesita reorganizarse, se suma una firma aliada dedicada a la insolvencia, y el asunto sigue en un solo despacho.

Defiende o representa a la víctima en procesos por delitos que afectan el patrimonio, el orden económico o la administración pública, como el lavado de activos, la estafa o el peculado. Su trabajo pesa en la lectura de documentos y peritajes contables, porque en estos casos la prueba suele ser papel y movimientos de dinero.
No. Es una acción autónoma que el Estado dirige contra los bienes, no contra la persona, y avanza aunque el proceso penal se archive o no exista. Quien pueda acreditar el origen lícito de los bienes y su buena fe tiene derecho a oponerse dentro del trámite, ante jueces especializados.
Sí. El peculado lo comete el servidor público que se apropia de recursos del Estado o permite que otro lo haga, y el particular que participa puede responder como interviniente. Además, la ley penal trata a los contratistas como particulares que cumplen funciones públicas en lo que toca a la ejecución del contrato.
La estafa exige un engaño previo que lleva a la víctima a entregar dinero o bienes; el simple incumplimiento de lo pactado se discute ante el juez civil. Esa diferencia decide si conviene denunciar o demandar, porque una denuncia sin engaño demostrable suele terminar archivada.
Conservar la evidencia antes de manipular los equipos: registros de acceso, correos, comprobantes de las transferencias y comunicaciones con el banco. Con ese material se presenta la denuncia, la empresa se reconoce como víctima en el proceso y puede pedir que se aseguren los dineros vinculados a la conducta.

Ser reconocido como víctima de un delito en Colombia abre la puerta a un conjunto

La diferencia fundamental entre estafa e incumplimiento de contrato reside en un elemento central: el

Recibir una citación de la Fiscalía es una comunicación formal que solicita su comparecencia para