
Guía sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal
Ser reconocido como víctima de un delito en Colombia abre la puerta a un conjunto
Revisamos la decisión o el daño que le causó una entidad y definimos si procede un recurso ante ella o una demanda ante el juez.


Una obra pública, un operativo o la falla de un servicio a cargo de una entidad le causó un perjuicio a usted, a su familia o a su empresa.

Le rechazaron una solicitud, un reconocimiento o un pago que usted reclama, o su petición no tuvo respuesta dentro del término legal.

Una superintendencia, una alcaldía u otra autoridad le impuso una sanción que usted considera injusta o tomada sin el debido proceso.

Un acto administrativo se discute primero ante la misma entidad, con recursos, y después ante los jueces de lo contencioso administrativo.
El abogado administrativo que entra desde el recurso deja allí planteados los argumentos y la prueba que el juez va a valorar después.
Reposición y apelación contra la decisión, y derechos de petición cuando no hay respuesta o llega incompleta.
Audiencia previa a la demanda, en los asuntos que la ley permite conciliar, para buscar un acuerdo con la entidad.
Demanda contra el acto administrativo que lo afectó, en la que se pide anularlo y restablecer el derecho lesionado.
Demanda por el perjuicio que causó un hecho, una omisión o una operación de una entidad pública, sin un acto de por medio.
En la primera reunión, presencial o virtual, se reconstruye qué decidió la entidad, cuándo se lo notificó y qué documentos lo soportan.
Con las fechas a la vista se revisa si el término para recurrir o demandar sigue abierto y qué vía tiene sentido en su caso.
Los socios fijan el planteamiento: qué se pide, con qué pruebas y ante qué autoridad, y se lo explican sin tecnicismos.
En una segunda reunión recibe la estrategia y el valor del acompañamiento; si está de acuerdo, se firman el contrato y el poder.

Planteamiento de los socios: Jorge Buitrago y Maicol Coy definen qué se pide y cómo se prueba, y revisan cada actuación importante del expediente.
Un solo valor pactado: recursos, audiencias y memoriales no se facturan por separado del acuerdo de precio y servicios. Y reuniones sin límite, cada vez que la entidad o el juzgado se pronuncien.
Los asuntos de derecho administrativo se trabajan con abogados asociados especializados en esta jurisdicción, y el equipo de LWC los atiende a nivel nacional. Si el caso toca una investigación penal, como la de un contrato con el Estado, se atiende en el mismo despacho y con los mismos socios al frente.

Representa a personas y empresas ante las entidades públicas. Durante el procedimiento administrativo presenta peticiones y recursos contra la decisión; si la entidad la mantiene o el daño ya ocurrió, lleva la demanda ante los juzgados y tribunales administrativos y, en los asuntos que le corresponden, ante el Consejo de Estado.
Por regla general, cuatro meses contados desde el día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según el caso. Es uno de los términos más cortos del proceso contencioso y, vencido, la demanda ya no procede, así que el abogado administrativo revisa la fecha de notificación en la primera reunión.
Dos años, contados desde el día siguiente a la acción u omisión que causó el daño, o desde que la persona lo conoció si fue después y no pudo saberlo antes. La ley prevé algunas excepciones a ese conteo, que se revisan caso por caso.
En la nulidad y restablecimiento del derecho, sí: la ley exige haber interpuesto los recursos obligatorios contra el acto, por lo general la apelación cuando procede. Si la entidad no dio la oportunidad de presentarlos, ese requisito no se exige. La reparación directa no lo tiene, porque no ataca un acto.
Depende sobre todo de la carga del juzgado o del tribunal y de si el caso llega a segunda instancia. Ningún abogado administrativo puede prometer un plazo, y por eso la estrategia se arma contando con esos tiempos y usted recibe noticia de cada actuación del despacho.

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